La Ley que regula la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica (Ley 8/2021 de 2 junio) produjo una desventaja económica a efectos de pensiones y prestaciones en aquellas personas que se les nombró una figura de protección legal representativa. Todo ello en la medida que no se reconoció la asimilación al 65% de discapacidad.
Sin embargo, ahora, tras la publicación del Real Decreto Ley 2/2023 del 16 de marzo, se ha modificado la disposición adicional la curatela representativa ya se asimila al 65% de grado de discapacidad en las prestaciones de la Seguridad Social. En ese sentido la normativa indica que: “Se entenderán que están afectadas por un grado igual o superior al 65% aquellas personas para las que, como medida de apoyo a su capacidad jurídica y mediante resolución judicial, se haya nombrado un curador con facultades de representación plena para todos los actos jurídicos.” Todo ello, sin embargo, “sin perjuicio de poder acreditarse el grado de discapacidad, en grado igual o superior a 65% (….) por el órgano competente”.
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