El derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual

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derecho-al-votoEl Boletín Oficial del Estado publicaba el pasado día 6 de diciembre la reforma de la ley electoral, aprobada con unanimidad parlamentaria, por la que las personas con discapacidad intelectual recuperan la capacidad legal para ejercer el derecho al sufragio. Para Rafael Armesto, abogado especializado en Derecho Civil y de Familia y asesor jurídico de APNABI, este hecho supone un cambio radical, de trascendencia es inmensa, y “es una fiesta” para las 100.000 personas que, de esta manera, podrán votar.

Así lo expuso el abogado en la charla que impartió al concluir la Asamblea General de APNABI, celebrada el viernes 12 de abril en el edificio de Bizkaia Aretoa, de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), de Bilbao.

Rafael Armesto repasó ante las familias de APNABI la situación que se ha vivido hasta que la reforma de la ley se ha hecho efectiva. “Las leyes —dijo el abogado— van por detrás de la vida. Y es la vida la que va poniendo soluciones”. Según destacó, la regulación del código civil, que databa del año 1889, prescindía de las personas con discapacidad intelectual, a las que se consideraba “muertos civiles”.

derecho-al-votoEl asesor jurídico de APNABI señaló, asimismo, la importancia que tuvo la reforma que se llevó a cabo en el año 1983, en la que se evoluciona desde una situación cimentada en el paternalismo a un estadio en el que “ya hablábamos de graduación de la discapacidad”. No obstante, indicó Rafael Armesto, la carga histórica de ese paternalismo nos impidió avanzar hacia la consideración de las personas con discapacidad como sujetos de pleno derecho. Los jueces, dijo, tenían que pronunciarse obligatoriamente sobre si una persona con discapacidad podía, o no, ejercer el derecho al sufragio. Pero eso —añadió— no se planteaba ya que existía la creencia generalizada de que una persona con discapacidad no podía votar.

Con la ley recién aprobada, señaló el abogado, se inicia un periodo nuevo en el que, según dijo, también habrá que educar a las organizaciones políticas, que deberán estar atentas a lo que piensan las personas con discapacidad, sus familias y las entidades que les representan.

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